Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura | 25 abril 2024.

EL PODER DE CAMBIR LA COSAS
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    Protesta Estudiantil: NO a la LOSU, NO a la LCU

      Las protestas serán el 18 de noviembre en Cáceres y Badajoz. En la capital pacense habrá una manifestación a las 12.00 horas que saldrá de la Delegación del Gobierno (en la avenida de Huelva), mientras que en Cáceres se ha convocado una concentración frente a Subdelegación del Gobierno (en la avenida Virgen de la Montaña).

      18/11/2021.
      Protesta Estudiantil LOSU y LCU 18 de noviembre

      Protesta Estudiantil LOSU y LCU 18 de noviembre

      Manifiesto por la Universidad Pública

      La Universidad Pública está en juego. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) yla Ley de Convivencia Universitaria (LCU) culminan una reforma elitista y que añade barreras a la educación superior. La pandemia y posterior crisis ha agravado muchos de los problemas que la Universidad arrastra desde hace tiempo y, en ese contexto, el proyecto de reforma universitaria parece que no va a tratar de resolverlos, sino agravarlos. Ante un Gobierno que no pretende avanzar hacia una Universidad pública, gratuita, y al servicio de la mayoría social solo cabe que las reivindicaciones de la Comunidad Universitaria en su conjunto se hagan escuchar.

      Nos merecemos una Universidad que no expulse al estudiantado por su capacidad socioeconómica. Las consecuencias del “tasazo” de Wert siguen sin remediarse, teniendo que pagar matrículas abusivas que muchas familias no se pueden permitir y, además, con un sistema de sobrecoste de las matrículas sucesivas que sólo supone mayores barreras para aquellas familias trabajadoras con condiciones económicas más bajas. Unido a esto, el sistema de becas y ayudas al estudio es completamente insuficiente en cantidad y extensión para cubrir las necesidades del estudiantado, y llega demasiado tarde, fallando a su propósito original.

      Ante todo esto, es necesario alcanzar la gratuidad total de los estudios universitarios y los servicios adyacentes a estos, así como un sistema de becas garantista que iguale las condiciones de acceso del estudiantado. Nos merecemos una Universidad que dignifique la labor del personal de administración y servicios y del personal docente e investigador. Se debe garantizar la estabilidad laboral y mejorar las condiciones de la carrera académica y profesional, eliminando, en primera instancia, la tasa de reposición y facilitando los criterios de promoción dentro de la universidad. La falta de personal, junto a la infrafinanciación universitaria, supone una gran carga de trabajo que no permite desarrollar las labores de docencia e investigación de manera satisfactoria.

      Asimismo, al colectivo de trabajadoras y trabajadores predoctorales se les debe garantizar una remuneración adecuada y reconocerles derechos como la indemnización por finalización de contrato predoctoral. Nos merecemos una Universidad que escuche a su estudiantado. El colectivo mayoritario de la universidad, debe tener una representatividad y poder determinantes en la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta su opinión de manera efectiva al mismo nivel que el resto de colectivos y que sus posturas no se vean menospreciadas ni infravaloradas por el hecho de ser estudiantes. Y, sobre todo, nos merecemos una universidad en la que podamos aprender y participar más allá de las aulas. Una universidad que no se articule en base a intereses privados, que a la vez que aumenta la presencia de empresas en la universidad pública nos convierte, cada vez más, en mano de obra precaria, siendo los títulos duales o la falta de regulación de las prácticas académicas ejemplos de ello. Merecemos una universidad que refuerce nuestros derechos, en la que dispongamos de facilidades y se ponga en el centro una formación integral, multicultural y transversal del estudiantado.

      A su vez, la Universidad supone mucho más que ir a clase, y la vida universitaria debe ser uno de los pilares fundamentales de esta, para lo que son imprescindibles espacios y oportunidades de socialización libres y alejados de la dependencia de agentes externos. La reforma universitaria que reivindicamos debe lograr estos objetivos, garantizando que la comunidad universitaria pueda realmente participar y que sus decisiones sean tenidas en cuenta de manera vinculante. Asimismo, gobierno y partidos políticos deben respetar los consensos a los que llegan los diferentes colectivos de la universidad y trabajar para ellos, dejando a un lado intereses particulares que dan pie a negociar con la educación superior como un bien de mercado, como ha ocurrido con la auto-enmienda presentada a la Ley de Convivencia Universitaria, en la que de manera oportunista se han priorizado los intereses de partido frente a la protección y reconocimiento de derechos y garantías para los estudiantes.

      Sin embargo, alcanzar estos objetivos es un horizonte lejano si del Gobierno depende, ya que los proyectos de leyes presentados son un ataque claro a la Universidad y a sus integrantes, especialmente al estudiantado, por lo que no podemos permitir que salgan adelante. La importancia de este día radica en reivindicar una universidad que gire en torno al estudiante y la comunidad universitaria en su conjunto, en la que esta sea realmente partícipe en la toma de decisiones: una universidad pública, gratuita, democrática y de calidad. Que el estudiante tenga la oportunidad de acceder, permanecer y crecer en una universidad sin barreras socioeconómicas, que garantice la igualdad real de oportunidades.

      Una universidad cuyo profesorado disponga de las mejores herramientas para ejercer la docencia, investigación y transferencia, siempre en función del interés social, que no empresarial. Y, sobre todo, que blinde los derechos del estudiantado universitario y que garantice la participación estudiantil en la toma de decisiones. Es por ello que nos manifestaremos el 18 de noviembre. Lo hacemos para exigir que se nos respete y escuche, para exigir que toda reforma universitaria se sitúe en el camino de avanzar en derechos y garantías para el conjunto del estudiantado y la comunidad universitaria, y, en definitiva, para reivindicar la Universidad que nos merecemos.

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