Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura | 15 marzo 2026.

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EL PODER DE CAMBIR LA COSAS
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    CCOO reitera su posición sobre las oposiciones docentes

      La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura considera que el decreto-ley aprobado por la Junta de Extremadura para modificar la normativa sobre gobiernos en funciones introduce una contradicción innecesaria en un asunto que ya contaba con respaldo jurídico suficiente.

      30/11/-0001.
      Oposiciones docentes de Pública no universitaria

      Oposiciones docentes de Pública no universitaria

      La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura considera que el decreto-ley aprobado por la Junta de Extremadura para modificar la normativa sobre gobiernos en funciones introduce una contradicción innecesaria en un asunto que ya contaba con respaldo jurídico suficiente.

      En los últimos días se había generado un debate sobre la aplicación de la Ley 4/2015 de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura, concretamente en relación con las limitaciones que dicha norma establece para los gobiernos en funciones. Ante ese debate, desde CCOO seguimos defendiendo una posición clara: la convocatoria de oposiciones docentes puede realizarse porque existe cobertura jurídica suficiente para ello, al tratarse de la ejecución de decisiones administrativas previamente adoptadas y de actuaciones necesarias para garantizar el funcionamiento ordinario de la administración.

      Por ese motivo, CCOO considera que la modificación normativa aprobada hoy resulta precipitada e innecesaria, ya que introduce un cambio legal en un contexto en el que el propio Gobierno autonómico se encuentra en funciones. Esta circunstancia plantea además una cuestión evidente: si se sostiene que un gobierno en funciones tiene limitadas determinadas actuaciones administrativas, resulta aún más discutible jurídicamente que ese mismo gobierno impulse una modificación normativa para alterar el marco legal vigente.

      La precipitación con la que se ha adoptado esta decisión transmite además un mensaje equivocado: que la convocatoria de oposiciones no era jurídicamente posible cuando, como defendimos desde el primer momento, existían argumentos jurídicos sólidos para sostener su legalidad.

      CCOO entiende que la prioridad debía haber sido mantener un criterio jurídico claro y firme que garantizara la seguridad jurídica del proceso selectivo. Cambiar ahora la normativa puede generar precisamente el efecto contrario: alimentar dudas sobre la situación jurídica anterior y abrir un debate innecesario sobre la necesidad real de la modificación legal aprobada.

      Al mismo tiempo, CCOO reitera su crítica a la estrategia seguida por el sindicato PIDE, que en los últimos días ha contribuido a generar una alarma injustificada entre miles de opositores, presentando como imposible una convocatoria que contaba con fundamentos jurídicos suficientes.

      Los opositores no necesitan alarmismo ni especulación jurídica interesada. Necesitan serenidad, rigor y responsabilidad por parte de quienes dicen representarlos.

      CCOO seguirá defendiendo que los procesos selectivos docentes se desarrollen con plena seguridad jurídica y sin generar incertidumbre innecesaria entre quienes están dedicando años de esfuerzo a preparar estas pruebas.